sábado, 21 de febrero de 2009

Novedades

Algunos ya saben el rumbo que ha ido tomando desde los años '90 el viejo continente en relación a la "defensa" de sus respectivas naciones, frente a la "amenaza" de la inmigración extranjera. Se tienen noticias de desembarcos de desesperados, de deportaciones injustificadas, de discriminaciones, de "centros de tránsito", de incidentes racistas y de toda clase de delitos cometidos por inmigrantes.

Pero poca difusión alcanzan las nuevas leyes, decretos y normas, que buscan responder a las necesidades de los electores europeos. Quieren trabajo y seguridad para sus familias, y ven como peligro a quienes vienen de afuera a "quitarles los puestos de trabajo", pues se ha instalado la ecuación "inmigración = delincuencia".

Ahora bien, si pretender dar un juicio a las últimas "novedades" de la legislación italiana al respecto, ni menos realizar un análisis que bien podría hacerse, pues los derechos humanos y el Estado derecho pasan a segundo plano; lo que sigue a continuación es un ejemplo de las nuevas normas aplicadas por el gobierno del empresario, y sus aliados neo-facistas (la ex-derecha social y los federalistas del norte).

La última de éstas es la introducción de unas "Rondas de Vigilantes", es decir, grupos de vecinos que se dedican a patrullar las calles para mantener el order, y alertar a las fuerzas de seguridad. Norma introducida directamente, por medio de un Decreto del Gobierno, sin discutirla en el Parlamento.

La norma forma parte del "Decreto anti violación", y emerge en medio de una campaña de información de los medios de comunicación, a través de la cual se muestran periódicamente los ataques y violaciones cometidas por extranjeros en Italia (especialmente rumanos). Generándose un clima de inseguridad en la población, a pesar que este tipo delitos ha disminuído en un 10%.

En medio un amplio consenso, con una oposición cada vez más débil, contó con bastante apoyo ciudadano, que lo ven como una "respuesta" real al problema de inseguridad. Una de las pocas voces que se alzaron en contra, fue extrañamente, la de la Iglesia Católica. Señaló el Vaticano que esta medida representa "una adbicación del estado de derecho, y no es el camino correcto a seguir. Pues esto sirve a aumentar el clima de criminalización de los inmigrantes, lo cual no cuenta con el apoyo de la Iglesia."

Las medidas anteriores, algunas simplemente administrativas, van todas en la misma linea. Subir a 200 euros (160 mil pesos chilenos) el impuesto al "Permesso di Soggiorno" (ineficiencia burocrática que puede demorar años) que deben pagar los extranjeros extra-comunitarios que se les ocurra venir un tiempo a Italia a trabajar, estudiar o a reunirse con su familia.

O bien, el instructivo que recomienda a los médicos denunciar ante la policía a los "extracomunitarios irregulares" que lleguen a atenderse en los centros de salud. Paralelamente la creación (aprobada por el Parlamento) del délito de inmigración clandestina, con lo cual cada inmigrante irregular se transforma inmediatamente en delincuente. O bien, la creación de escuelas separadas para inmigrantes, o la exigencia de una tasa máxima de estudiantes extracomunitarios por aula. Entre otras.

Mezclando en un extraño cóctel las medidas del tipo "tolerancia cero" de Giuliani en Nueva York, con medidas anti inmigrantes, como si el problema de la seguridad ciudadana fuera la inmigración, y no la Mafia, el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, y los recortes al presupuesto de las policías, etc.