jueves, 2 de octubre de 2008

Sobre derechos y obligaciones 1: Eutanasia

Como tantos otros conceptos de gran actualidad, que se creen ligados al desarrollo de las sociedades modernas, la eutanasia remite a los lejanos orígenes de la civilización occidental en la Grecia antigua. Literalmente "ευ" (bien)" θανατος" (muerte), es decir, "muerte buena". Su actualidad se explica, principalmente porque está asociada a un campo aún mayor, que es de las "libertades humanas".

En la lucha por lograr desprenderse de las cadenas de la religión, el conservadurismo y las determinaciones morales que restringen la vida de los seres humanos en el mundo, el liberalismo promueve la posibilidad de que cada uno tenga el derecho a decidir sobre cada aspecto de su vida, incluida la muerte. Lo cual, como principio no tiene nada de negativo, al contrario, pues le entrega la responsabilidad de la vida a cada uno.

El problema radica, en cuanto esta voluntad de responsabilizar a cada uno de sus actos y de cada uno de los aspectos de su vida se hace por imposición Estatal. Por medio de cuerpos legales, que sancionan una serie de derechos, que luego se transforman en obligaciones que el marco jurídico-administartivo debe garantizar. Cual si nos vieramos constretos a alcanzar por la fuerza la "mayoría de edad" que pregonaba Kant en la ilustración.

Pues bien, la imposición de un "derecho" personal sobre otros derechos, por medio del control y la planificación estatal, nos acerca peligrosamente al fascismo. Un tema es la libertad de decidir sobre nuestro propio cuerpo, y otro que el Estado, para asegurar dicho derecho obligue a terceros a hacer cosas sobre nuestro propio cuerpo, o a decidir sobre él. En este sentido, ¿es la eutanasia un derecho?, pues bien, no lo es. Es una desición.

La única frontera que aun no se traspasa del todo. Es aquella que sentencia quien tiene derecho a decidir. ¿El individuo particular, o una entidad superior?, ¿el enfermo terminal, o una comisión médica? El riesgo cual es, al sancionar como derecho la "eutanasia", una "muerte sin dolor" o "terminar con el sufirmiento inútil", que en muchos casos el enfermo no se halla en pleno uso de sus facultades mentales para decidir, o declaramente está incosciente, y debe ser el Estado (el garante) quien debe hacer cumplir ese derecho.

Ese es exactamente el punto donde un supuesto derecho se puede transforma ren herramienta de control de carácter fascista. En un caso extremo, es el Estado quien decide quien debe morir y quien no. Algo no muy distinto a los que introdujeron los nazis, con el concepto de la "vida indigna de ser vivida", por ejemplo, pero claro ellos la aplicaban en el marco de la "eugenesia" (políticas de mejoración de la raza), y extendieron el concepto a "enfermos mentales", discapacitados, determinado tipo de delincuentes y disidentes políticos. Sin embargo el principio que está en la base es el mismo. El Estado tiene el control de todos los aspectos, incluso los naturales.

¿Tenemos derecho a decidir cómo y cuándo morir? No. Quizás nos merecemos ese derecho, pero las leyes naturales nos lo han negado. Una de las caractrísticas de ser un ser vivo, es estar regido por las leyes de la biología, independiente de lo que queramos o decidamos, estas leyes se cumplen. Queramos morir o no, vamos a morir igual, queramos o no vamos a envejecer, a sumar achaques, enfermedades, o no vamos a poder resistir un accidente o el ataque de u tercero. Claramente hay infinidad de cosas sobre las que no tenemos control, y no tenemos porque tenerlo.

Una persona, obviamente, puede decidir si quiere someterse a un tratamiento terapéutico, e incluso a suspender un tratamiento, aún sabiendo que vamos a morir. El médico tiene la obligaión de informarnos, y dejarnos claras las consecuencias más probables de cada opción que tomemos. Pero él, no tiene la obligación de hacernos lo que nosotros queramos. Si queremos una inyeccción letal, no tenemos porque obligar a las estructuras estatales a proporcionárnosla, y menos obligar a un médico a aplicarla.

La eutanasia garantizada en la legislación, como un derecho inalienable del individuo, como medio de planificación es un absurdo. Es un acto innatural, pues niega uno de los aspectos centrales enla naturaleza propia de la muerte, el sufrimiento. Por desgracia, las personas sufren, es normal. Por desgracia, hay enfermedades que nos dejan prostrados y que se nos dan años de sufrimiento. Si no le informamos al médico que no queremos tal o cual tratamiento, él esta obligado a hacer lo humanamente posible por mantenernos con vida. La vida, si es un derecho.

Evidentemente, apelando a un caso extremo y concreto (un hombre inconsciente sufiriendo por 15 años, y sin posibilidad de mejorarse), el sentido común nos dice, "desconéctenlo, que pare de sufir". En ese caso particular, puedo estar de acuerdo, pero el problema es el principio que se instala. Un ente externo (el Estado, los médicos o la familia), en último término puede decidir quien vive y quien no, o quien se merece un tratamiento y quien no.

Ahora bien, al ser una desición y no un derecho, la correcto sería des-judicializar su debate. Por un lado, no se debe perseguir penalmente a quienes ayuden a terminar la vida de una persona moribunda, acusándolo de homicidas (o complices), pues hay consentimiento. Pero tampoco se puede perseguir u hostigar a quienes se nieguen a hacerlo, pues no tienen ninguna obligación, no tienen por que hacer efectivo un "derecho" que no es tal. En el sentido, que los derechos son obligaciones para el marco politico-jurídico que los reconoce.

Es un tema de desiciones personales, no de derechos. En resumen, si Ud. quiere suicidarse, hágalo, pero no obligue a otra persona a que lo haga por usted. No le exija al Estado el "derecho" a que un médico, o un hospital, acabe con sus días para detener susufrimiento, o lo "asista" en su suicidio. Ahora bien, si alguien se ofrece, y quiere ayudarlo, pues bien ese es su problema. Quizás habría que despenalizar el suicidio, y eliminar la figura del cómplice.

2008

jueves, 29 de mayo de 2008

¿Principio de reciprocidad?

No es secreto casi para nadie que desde los años '90, y especialmente después del 11 de septiembre de 2001, se han endurecido considerablemente las normas para ingresar a territorio de la Comunidad Europea. Este tipo de normas se han ido multiplicando en distintos países europeos, aun por sobre las disposiciones europeas, ya de por sí bastante restrictivas. Así por ejemplo, a los visitantes se les exigen toda clase de documentos, cartas, certificados, comprobantes de solvencia económica, fotografías, reservas de Hotel, cartas de invitación, hechas a su vez por ciudadanos europeos (o residentes legales), a quienes a su vez se les exige ser personas solventes, con disponibilidad de espacio, ser propietarios o haber un contrato de arriendo legalizado.

Si bien, cuando se habla de este endurecimieno de normas, se tiende a pensar en España e Italia, estas se verifican incluso en países "progresistas" y social-democratas, con fama de muy permisivos y liberales, como Holanda. Donde por ejemplo, para optar a la reunificación familiar se les exige un examen de "Lengua y Cultura Holandesa". Es decir, si alguién que trabaja en Holanda quiere llevar a su familia (conyuge, hijos) a vivir con él, estos deben pasar el examen, en caso contrario no son permitidos. Habría que preguntarse, que haría con los holandeses, que por diversos motivos no pasaran en examen de "holandidad", si les los aplicaran, claro. ¿Los exilirían por ser "culturalmente poco holandeses"?. Esperando, por ejemplo, que los 500 mil holandeses que hablan frisón, sepan bien el holandés.

Estas normas tienen como consecuencia que cada año son deportados miles de latinoamericanos, que son retenidos en aeropuertos donde se les ha negado la entrada a Europa, bajo el argumento de no cumplir los requisitos para ingresar como turistas. Detensiones, en muchas oportunidades ilegales, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos Humanos, firmada por todos los países europeos. Ante esta situación, ¿qué hacen los países latinoamericanos?, casi nada, exepción hecha de Brasil. El resto se limita a una carta de protesta, la que es respondida con un simple, "a veces algunos agentes de aduanas cometen ciertos errores" (reducen una política a una serie de eventos particulares), "la gran mayoría fue expulsada por intentar ingresar maliciosamente" (se criminaliza a los inmigrantes, pues quien nada hace no debería temer); o bien, estas acciones se hacen "contra las mafias de tráfico de inmigrantes, y tienen como objeto la seguridad de los propios extranjeros" (los expulsamos por su bien).

A su vez, en las aulas y los pasillos de las facultades de derecho, cuando se enseña derecho internacional, se habla de una cosa llamada "principio de reciprodidad en las relaciones internacionales", el cual señala que ningún país está obligado con otro a hacer más concensiones que las que son otorgadas por aquel. Es decir, todo aquello que me exigen a mi, se lo exijo a ellos; y que yo no permito más de lo que me permiten a mi. Así pues, el principio de reciprocidad es uno de los fundamentos del derecho internacional, y se relaciona con el ejercicio de la soberanía de un país. Reduciéndose a una cosa simple, si a mis ciudadanos les niegan el libre tránsito en tu país, entonces yo les niego a los tuyos el libre tránsito por el mío. Simple.

Ahora bien, en relación a la normas y requisitos para entrar al respectivo país, ¿por qué no se aplican las mismas que se les exigen a los ciudadanos de cada país?. Pongamos un ejemplo, Chile e Italia. Un ciudadano chileno que quiera entrar a Italia como turista debe, a su llegada al país portar una cantidad determinada de dinero (de acuerdo a una tabla) mas una carta de invitción, o una reserva en un Hotel. Si va a permancer más de 8 días, debe dirigirse a la Oficina de Inmigración de la Prefectura de Policia a solicitar un Permiso de Estada por Turismo. En dicho trámite debe portar, junto al pasaporte y el formulario lleno, un seguro de salud valido en Italia, una declaración de la persona que lo hospeda (junto a su Carta de Identidad, y la fotocopia de ésta) o del Hotel donde se va a quedar (se puede presentar el Voucher del Hotel, si esta prepagado); y medios económicos suficientes expuestos o documentados. En dicho trámite, le pueden rechazar el permiso, poniendo fin al mito, de que los chilenos no necesitamos visa para entrar a Europa.

Es decir, como nominalmente no nos solicitan una Visa para viajar a Italia como turistas, a un italiano que viaja a Chile no se le pide nada, y puede viajar tranquilamente durante 90 días, sin necesidad de presentarse en Extranjería, que por fortuna en Chile, no se hace en un cuartel de policía, sino en las Gobernaciones Provinciales. Simple, el italiano compra el pasaje, se sube al avión y listo, no se le pide nada más, y es lógico. El chileno en cambio debe llegar con una serie de documentos (cartas, ceritificados, dinero), luego ir a la Policia italiana a justificar que no viene a quedarse ilegalmente, que es un tipo solvente, que tiene donde dormir, que el amigo que lo recibe es solvente también. Lo cual es absurdo, considerando los tratados existentes entre Chile y la Comunidad Europea.

En consecuencia, ¿dónde quedó el principio de reciprocidad?. ¿Qué hacen los estados latinoamericanos para respetarlo? La verdad hacen bien poco, salvo Brasil que ha comenzado a exhigir a los ciudadanos de Estados Unidos los mismos requisitos que les piden a los cariocas en el país del Norte, que inlcuyen huellas digitales, una fotografía en el aeropuerto, entre otras cosas; o como lo ha comenzado a hacer con los turistas españoles, luego de que una pareja de estudiantes brasileños que viajaba a un congreso en Portugal fueran "retenidos" una semana en el Aeropuerto de Barajas (Madrid), a pesar de la intevención de la embajada de Brasil, siendo deportados luego, sin el reembolso del pasaje, desde luego.

En nuestro caso, ¿qué se puede esperar? Me gustaría que se comenzara con lo evidente. Comenzar a pedirles una carta de invitación (con todo el papeleo que implica, en cada país), que se les exijan seguros, dinero, y sobre todo, ir a perder el tiempo a una estación de policía. Luego, una acción decidida en organismo internacionales, para acabar de una vez la posibilidad de quedar al arbitrio de un oficial de inmigración xenófobo, malhumorado o que tuvo un mal día. Es simple es obligación del Estado de Chile, y sus instituciones el velar por la seguridad e integridad de sus ciudadanos, particualrmente en el exterior, y cada vez que un ciudadano ve atropellados sus derechos, se esperaría una protesta energica, acciones concretas.

Pero como dijo un señor de nombre Luis Alfredo Duarte, sobre la actitud de los gobiernos latinoamericanos al respecto: "... mucho saben de soberbia y desdén frente a sus propios ciudadanos, pero que en el mundo internacional viven postrados de rodillas sobre duros suelos de marmol".

2008

domingo, 25 de mayo de 2008

"Negrofobia", ¿clasismo o xenofobia?

Hace dos semanas, en el "Ghetto" de Alexandra en Johannesburgo (Sudáfrica), comenzó una sucesión de ataques xenófobos contra la población inmigrante, principalmente de Zimbabwe y Mozambique, con un saldo 43 muertos (acuchillados, apaleados o quemados vivos), miles de casas y negocios destruidos, y miles de refugiados en estaciones de policía y campamentos de la Cruz Roja. Otros tantos miles de personas han vuelto a sus países de origen, escapando de la violencia racial. Sin embargo, lo particular en este caso, es que dichos ataques los llevan a delante los negros sudafricanos pobres, contra los inmigrantes negros pobres.

Lo que se ha dado a llamar como "negrofobia", es decir el odio de algunos negros (zulúes) hacia los otros negros o amakwerekwere (literalmente, "los que hablan distinto"), es un fenómeno tiene varios puntos en común con otras formas de xenofobia. Sea la experimentada por gitanos, magrebíes, africanos negros, sudamericanos, rumanos, eslavos, entre otros, en Europa Occidental; o la sufrida por peruanos y bolivianos, en Chile (conocida en círculos xenófobos, como "cholofobia").

En la base, es el simple hecho de que se vuelve "legítimo" a nivel de discurso, incitar al odio contra los inmigrantes, sean estos de donde sean, para culparlos de los males de la sociedad, y luego comenzar a actuar en consecuencia. Sea promulgando leyes "fascistoides" (que criminalizan a los inmigrantes), como en la Comunidad Europea; u organizando grupos para atacarlos, como en Sudáfrica.

Sin embargo, el discruso que se expresa en un lenguaje racista o xenófobo, que individualiza a un coletivo de acuerdo a su pertenencia nacional o étnica, se confunde con un elemento bastante más básico y material, el clásismo. El rechazo (sea por odio, temor o ignorancia) a la pobreza, y por extensión, a los pobres. Se trata, de la individualización de un grupo de "ellos" que intentarían aprovecharse de los beneficios que tenemos "nosotros", quitarnos nuestros trabajos (en caso de Chile o Sudáfrica), aprovecharse de"nuestro" sistema de seguridad social (en el caso Europeo). En un segundo nivel discursivo, se les acusa de aumentar la marginalidad urbana, agudizando los problemas sociales, de degradar las ciudades, de promover la criminalidad, y finalmente de atentar contra los intereses de los "nacionales".

Es decir, no se les ve como iguales que han sido víctimas de situaciones injustas que los han obligado a buscar nuevas perspectivas, sino como un "otro" que intenta aprovecharse, e incluso que es responsable de los problemas de la sociedad, como un "victimario" al que es necesario castigar.

El caso sudafricano llama la atención, especialmente porque algunos de los mismos que sufrían la brutalidad de un régimen de segregación racial, hace tan solo 14 años, son quienes hoy, se dedican a "cazar" a los "otros negros". Es decir, descargan su frustración contra los nuevos negros pobres, que llegaron buscando nuevas oportunidades económicas y sociales.

Es importante recordar que Sudáfrica es el país mas rico del Africa negra (con un ingreso percápita de 10 mil dolares al año) y constituye la potencia economica regional, lo que la ha convertido en un polo de atracción para sus países vecinos; como Zimbabwe, que sufre una brutal dictadura, tiene su economía arruinada, una inflación que pasó en 10 años de tasas anuales del 32% a superar el 100.000 % (la más alta del mundo), tasas de desempleo que bordean el 80%, un ingreso per-cápita de 500% dolares al año (como comparación, Chile tiene 14.400).

Es decir, no extraña el aumento progresivo de inmigración en Sudáfrica por motivos económicos, ni que ésta venga a agudizar el problema de desempelo, que en Sudáfrica llega al 27%. Lo extraño es que una población que sufrió la barbarie del "apartheid", y de ésta particularmente la más pobre, descargue su ira contra aquellos aún más débiles, en vez de hacerlo contra la minoría blanca (el 9,6% de la población) que es la responsable de sus condiciones pobreza y marginalidad social, o en contra del Estado reconstruido, que no ha sabido dar respuesta a sus problemas sociales.

Incluso se ha llegado absurdo de pensar que los los "negros" sudafricanos son más claros que el resto de los negros africanos. Es decir, que ellos serían los "más" blancos entre los negros, lo que se ha traducido en ataques a las personas "más oscuras", incluso cuando son de la misma etnia (Zulú), en las poblaciones periféricas de lugares como Ciudad del Cabo, Johannesburgo o Durban.

Finalmente, ¿cómo interpretar la oleada xenófoba sudafricana? Una forma es pensar en la simple desesperación económica, que busca como válvula de escape, la excusa de la xenofobia, para acabar contra aquellos con quienes se compite por las mismas posibilidades económicas. Eso explicaría, porque los ataques surgen en los barrios marginales, donde conviven pobres sudafricanos con pobres inmigrantes.

También sirve para explicar porque los sectores donde más crece la votación de ultra-derecha europea (nacionalista y xenófoba) son los sectores economicamente deprimidos, particularmente los jóvenes desempleados de la periferia. Mientras que la centro-izquierda (la izquierda casi no existe) y la derecha tradicional, son vistas como sectores burgueses acomodados, lejanos a los problemas sociales.

Otra forma, es pensar en la instalación ideológica de ideas racistas y nacionalistas en el sentido común de la población, que se manifiestan cuando surgen problemas económicos, sociales o políticos, como habría sucedido en la ex-Yugoslavia. En el caso sudafricano, la idea de descargar la furia del propio sufrimiento histórico en otros diferentes a nosotros, aceptando tácitamente la idea de que efectivamente la pertenencia a una etnia, nación e incluso religión, nos haría muy distintos a unos de otros.

2008



martes, 20 de mayo de 2008

Carta Dirigida al Consejo Regional de la Región del Bío-Bío

Srs. Consejo Regional
Región del Bío-Bío
Presente:

Con cierto grado de preocupación me enteré, por medio de la edición on-line de El Mercurio, que el Consejo Regional de la Región del Bío-Bío había aprobado el cambio de uso suelo del Club Hípico de Concepción, de áreas verdes recreacionales a área inmobiliaria, tal como lo solicitó el directorio de la entidad hípica. Se esgrime como principal argumento para el cambio de uso suelo la carencia de espacios para la expansión del Gran Concepción, de acuerdo a lo señalado por el Serviu, en concordancia con la Cámara de la Construcción.

Lo preocupante es que la solicitud, realizada por un privado quien ve legitimamente en esos terrenos una posibilidad comercial importante (quintuplicar el valor comercial), sea acogida por las instituciones del Estado (el Serviu y el Gobierno Regional), simplemente para favorecer a un sector productivo determinando, el inmobiliario; sin incorporar consideraciones estratégicas relativas a la planificación territorial y de desarrollo sostenible, como por ejemplo, la consolidación de una ciudad con una diversidad de actividades recreativas, deportivas, sociales y culturales, o la conservación de áreas verdes y recreacionales para el beneficio de la población. Tampoco considera el impacto social de dejar a 700 personas sin trabajo, y evidentemente menos, aún el restarse como ciudad, de una actividad deportiva que se desarrolla en las principales ciudades del país y de una red con un alto potencial de desarrollo a nivel latinoamericano.

Es preocupante además, en una ciudad con una clara carencia de espacios recreacionales, se adopte la desición de cambiar el uso suelo solo por factores económicos inmediatos. Esto sin considerar, que dicho tipo de decisiones económicas son de corto plazo, pues no se piensa en un desarrollo económico integral de la comuna de Hualpen y del territorio Metropolitano, más acorde con las características de la sociedad del conocimiento, donde se posicione a la ciudad como un destino atractivo para las inversiones, negocios, la investigación y la entretención, con multiplicidad de actividades, diversidad social y cultural y respeto por las pocas tradiciones culturales que aún subsiten.

La rentabilidad económica de un sector productivo no debería ser la principal preocupación de un Consejo Regional, sino el desarrollo social, cultural y económico de la Región y de su población. Sin embargo, con una mirada estratégica, es posible percatarse que cuidar los elementos territoriales que le dan valor agregado al tejido urbano, así como a la sociedad que lo habita, tiene un impacto social y económico importante, positivo y sustentable en el tiempo. Desafortunadamente, tanto la historia como la diversidad del Gran Concepción no se ven reflejadas espacialmente en su territorio, y son pocos aquellos elementos que refuerzan la identidad y le dan un carácter particular, como lo hace el Club Hípico. Al eliminarlos, simplemente por una consideración economica de corto plazo que favorece a algunos pocos particulares, se corre el riesgo de ver la ciudad convertida en una sucesión interminable de casas y departamentos, similar a tantas otros.

Es decir, se trata de un cambio cuyos únicos beneficiarios serán los accionistas del Club Hípico y las Empresas Inmobiliarias, pero no el Gran Concepción como entidad territorial, ni la comuna de Hualpén, quienes verán reducido su escaso volumen de áreas verdes, y empobrecida las posibilidades de recreación. En vez de eliminar los espacios de recreación existentes, sería más inteligente buscar los medios para conseguir nuevas inversiones en espacios que promuevan nuevas actividades.

Sin otro particular se depide atentamente

Juan Carlos Santa Cruz Grau

domingo, 11 de mayo de 2008

Esta historia me parece conocida ...

A casi un mes de celebradas las elecciones en las que Silvio Berlusconi volvió a ser elegido como Presidente del Consejo de Ministros, el nuevo gobierno comienza a mostrar la dureza de su línea programática. Una de sus primeras acciones es la redacción de un proyecto de Ley que tiene como objetivo declarar la inmigración ilegal como delito, lo que significa que si se sorprende a alguien que no posee sus documentos en regla, este puede ser automáticamente detenido, encarcelado y posteriormente deportado.

La inicativa, promovida por el Ministro del Interior, Roberto Maroni (un ex-marxista-leninista de "Democrazia Proletaria", allá por 1979), recoge una vieja aspiración de la "Lega Nord", que busca cerrar las fronteras del país y expulsar a millones de extranjeros del territorio italiano. La fórmula es simple, luego de varios años de una campaña mediática se ha instalado en el imaginario colectivo italiano que el país se ha vuelto inseguro, ha aumentado la delincuencia (lo cual no es verdad), y se han degradado las ciudades; y que estos fenómenos son consecuencia de la inmigración. Es decir, han repetido hasta el hartazgo que los inmigrantes son portadores de inseguridad, violencia y degrado de las condiciones de vida, particularmente los de origen gitano o balcánico (albaneces, rumanos y búlgaros, preferentemente), pero también africanos, indo-asiaticos o latinoamericanos.

Ahora bien, siendo justos, no debe olvidarse que los arrebatos xenófobos no son patrimonio de la derecha nacionalista italiana (Lega Nord o Allianza Nazionale), ya el gobierno anterior (de tipo Social-Democrata) había firmado una Ley para expulsar a cualquier extranjero que sea "declarado un peligro para la seguridad pública", como respuesta al asesinato de una mujer a manos de un rumano. La novedad en el actual caso, es que se instala el hecho mismo de ser "extranjero indocumentado" como un delito, es decir, ya no son los actos de las personas las constitutivas de delito, sino su condición objetiva.

Las ideas de Maroni, apuntan en dos direcciones, una cerrar las fronteras de la Unión Europea, para impedir el reingreso de los "expulsados"; y segundo, a renegociar la norma de libre tránsito en la Unión, para impedir la llegada de los nuevos ciudadanos europeos del este. De esta forma han puesto a trabajar a un grupo de juristas (no se porque, me recuerda un poco a las leyes de Nuremberg) para analizarr todas la posibilidades que haya de suspender el Tratado de Schengen, que desde 1995 permite el libre tránsito de los ciudadanos comunitarios. Lo cual no es un tema menor, pues de abolir el libre tránsito, Italia corre el riesgo de ser expulsado de la Comunidad Europea.

El argumento que está detrás, es el viejo y conocido: "razones de seguridad nacional", una forma elegante de decir, para "asegurar el espacio vital a los italianos" (podrían haber sido arios), debemos deshacernos de la "lacra extranjera" (podría haber sido judía) que ensucia nuestras ciudades, ocupa nuestros puestos de trabajo y pone en peligro a nuestras familias. De hecho, la norma proyecta la creación de "Campos de Concentración" (de tránsito, perdón), donde los extranjeros sin documentos, serían inmediatamente encarcelados, hasta un plazo de 18 meses antes de ser deportados.

Se argumenta además, que existen cerca de medio millón de extranjeros indocumentados en Italia, lo cuales no trabajarían y se dedicarían a actividades delictivas. Es decir, si de 60 millones de habitantes en Italia, un 4,5% corresponde a extranjeros documentados, al sumarle esos 500 mil de indocumentados se llegaría a una cifra total de solo un 5,3% de la población de origen extrangero; muchos de los cuales son nacidos en Italia, pues este país no reconoce el derecho de optar a la nacionalidad a un nacido en Italia que no tenga origen Italiano.

Ahora bien, lo que ninguno menciona jamás en los medios, es que ese 5,3% produce el 9,2% del producto interno bruto italiano, es decir se trata de un colectivo que viene a Italia a trabajar, y que su participación en la economía tiene un impacto positivo. Tampoco se menciona que más allá de su nacionalidad, son seres humanos poseedores de una serie de derechos consagrados en la constitución italiana, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (los menores de edad, además en la de Derechos del Niño); y que en tanto país firmante, dicha declaración es vilculante, es decir obliga a la legislación nacional a adaptarse a estos principios fundamentales.

Menos aún se hace alusión, a que el principal problema de "inseguridad" y delincuencia lo provoca la Mafia, la cual presenta un pasado reciente con altísimos índices de asesinatos, corrupción de funcionarios públicos, policías, jueces y políticos; índices que han descendido progresivamente, justo en la misma medida que se "creaba la sensación de inseguridad" a través de los medios de comunicación, cuando comenzaron a llegar extranjeros.

En fin, quizás lo que llama más la atención es la escasa atención que este hecho provoca en los medios, casi nadie reacciona al hecho de estar asistiendo al reflotamiento de políticas de tipo nazi-facistas. Como si no tomaran consciencia que se violarán "legalmente" los derechos de decenas y cientos de miles de ser humanos, solo por el hecho de no ser "italianos".

Quizás lo más triste, es que impedir la entrada de inmigrantes, y expulsar a cientos de miles que han hecho su vida en este país, no es más que la respuesta a las promesas de campaña, por las cuales estos señores resultaron electos. No olvidemos que en algunas las regiones del norte de Italia, la Lega Nord obtuvo casi un tercio de los votos, y que en Roma eligieron como alcalde a un "ex-fascista", que prometio expulsar a 20 mil indocumentados.


lunes, 5 de mayo de 2008

Sombras en el horizonte - opinión

La pregunta que surge, casi espontáneamente, es ¿por qué en un país declaradamente anti-fascista (según su constitución) sus ciudadanos eligen como alcalde de su capital a un "facista-renovado"? No es fácil responder, y las explicaciones pueden ir en 3 direcciones.

Primero, el sistema político italiano está agotado, la ciudadanía no confía en el Estado, ni en sus representantes como garantes del bienestar social, la seguridad pública y la estabilidad económica. Por ende, cada elección representa un castigo a las tradicionales clases gobernantes, especialmente a la Democracia Cristiana (reducida al 5,5%) y a la centro-izquierda, que ha sido ambivalente, inestable y timorata. Tal como ocurre en otras latitudes, los gobiernos de centro-izquierda tienden a la inmovilidad, sea para dejar tranquilos a sus electores de centro, como para no despertar inquietudes entre sus adversarios de derecha, a pesar de presentarse ante sus electores como la única vía para llevar a cabo las tranformaciones sociales. Es decir le coquetean a la izquierda, tranquilizan al centro, y gobiernan para la derecha. En este marco, la población está aburrida, desencantada, y resignada. Mejor una derecha de verdad, que una izquierda reaccionaria travestida de progresista, dicen por ahí.

Segundo, aquello que hoy luce como una sorpresa, un neo-fascista por primera vez a la cabeza de Roma desde 1943, es en verdad una falsa sorpresa. No se trata de que los romanos se hayan vuelto fascistas con el tiempo, ni tampoco que antes no lo hayan sido en absoluto. La verdad es que en Italia durante muchos años, y con justa razón, ser de derecha conllevaba una connotación negativa asociada al régimen de Mussolini. Por esta razón, mucha gente escondía su posición política, y terminaba votando por partidos cristianos o conservadores. Se puede decir, que el "temor psicologico" al fascismo era lo que impedía el triunfo de la derecha en Roma.

Cabe recordar que la legitimidad del referendum de 1946 para transformar al Reino de Italia (cristiano, conservador y asociado al fascismo) en República (laica y anti-fascista) está teñido por un manto de duda y acusaciones de fraude. Se anularon 1 millón y medio de votos, los prisioneros de guerra italianos en el exterior no pudieron votar (y eran varios cientos de miles), en ciertas zonas de Italia no se votó, por ejemplo. Las acusaciones de se basaban en que al inicio era clara la victoria de la Monarquía, y de un momento a otro ganó la República, estimándose una perdida de 3 millones de votos (sobre un total de 24 millones; en ciertas zonas habían más votos que votantes. Finalmente, la República venció con un 54,3% de los votos, los cuales se concentraban principalmente en el norte de Italia, las zonas donde surgieron los partizanos. Así en el nascimiento de la República Italiana se encuentra el germen de la división nacional, un Norte industrial, rico y republicano; y un Sur agrícola, pobre y monárquico. De hecho en el Lazio (la región donde está Roma), ganó la opción Monarquía.

La tercera razón que podría explicar el triunfo de los neo-fascistas en Roma, es la ausencia en los hechos de una ziquierda italiana. Existe un segmento de la población descontenta, con cierta sensibilidad difusa de izquierda que no confian en la retórica timorata, vacía y consensual de los partidos que dicen representarla, y que finalmente no vota o apela al "voto útil". La ausencia de una izquierda sin complejos, que denuncie las injusticias sociales directamente y construya discursos acorde con los tiempos actuales, y no como una adaptación tibia de principios democrático liberales y cierta retórica de la Guerra Fría, la ha llevado a su virtual desaparición del panorama político italiano.

Por ejemplo, el Partido Comunista Italiano pasó en pocos años de ser uno de los pilares de la la República, a un partido marginal e intrascendente. Si en los años 70 y 80 llegaba a concentrar el 30% de lo votos, luego de la caida del bloque soviético se fragmentó en diversos partidos y movimientos, no logrando más del 5% o 6% en los años 90. Actualmente, por primera vez en la historia de la República, no hay presencia comunista en el parlamento.

Finalmente, se le suma a estas razónes una serie de eventos coyunturales. Por un lado, el error de presentar como candidato del Partido Democrático (centro-izquierda) a Francesco Rutelli, un ex-alcalde de Roma que despierta grandes resistencias, incluso en la base electoral del PD. Fue un error básciamente por dos razones, la primera, la candidatura del PD se basa en la idea de la renovación, la caras nuevas, la nueva forma de hacer política. Por lo tanto, es una incoherencia presentar a un sujeto que ya ostentó el poder comunal por un período largo. Segundo motivo, se instaló en los medios la sensación de que Roma sufre un período de estancamiento o degradación, caracterizado por la suciedad de las calles, la presencia de vagabundos, el aumento de la delincuencia, y cierto caos administrativo, sindicándose como responsable al propio Rutelli.

En este escenario, surge la figura de Gianni Alemanno, un ex-activista neo-fascista. Un tipo hábil que construyó su campaña sobre la base de tres pilares simples. a) Roma necesitá un cambio, y él se presenta como el hombre del cambio, frente a los políticos tradicionales; b) El combate a la delincuencia, y la necesidad de devolverle la seguridad a los vecinos, aumentando el control policial, pero sumándole el factor "inmigración", es decir homologando indocumentado con delincuente, prometiendo expulsar a 20 mil "ilegales" y con ello devolver la seguridad a los romanos; y c) la degradación de Roma se debe a la mala administración, apelando a cierta idea difusa que la derecha es más eficiente para administrar recursos que la centro-izquerda.

Ahora bien, uniendo las razones estructurales a lo eventos coyunturales, quizás no resulte tan extraño que haya vencido Alemanno, despues de todo.

martes, 29 de abril de 2008

Sombras en el horizonte

El lunes 28 de abril amaneció soledado, parecía un día de primavera similar a tantos otros. Sin embargo, con el paso de las horas comenzamos a darnos cuenta que estabamos presenciando un momento importante de la historia de esta ciudad. Luego de 65 años el mismo movimiento político fundado por Benito Mussolini en 1921, volvía a poner a uno de los suyos a cargo del gobierno de Roma. El último había sido Giangiacomo Borghese entre los años 1939 y 1943.

La nueva cara del movimiento fascista a la cabeza de Roma es un antiguo activista callejero origen pugliese, que estuvo detenido en los años 80's por la agresión a un joven estudiante de 23 años y el ataque con bomba incendiaria a la embajada de la Unión Soviética.

Gianni Alemanno, fue un militante de diversos grupos de choque juveniles surgidos al alero del Movimiento Social Italiano (MSI), partido fundado en 1946 por antiguos funcionarios y dirigentes del regimen de Mussolini como continuador del Partido Nacional Facista, proscrito por la Constitución. Sin embargo, con los años abandonó las botas militares y la chaqueta "bomber", para calzarse terno y corbata, convirtiéndose en un respetable diputado de "centro derecha". Llegó al parlamento en 1994 como militante del partido Alianza Nacional, una renovación del MSI con un discurso más conservador.


lunes, 28 de abril de 2008

Editorial

El espacio que se ofrece a continuación tiene por objetivo ser una tribuna, un lugar desde el cual comentar diversos aspectos de la actualidad. Ahora bien, este espacio no pretende ser una crónica periodística, ni una revista de análisis político; cumple más bien, la función de la Editorial de un periódico, o cartas al director, es decir un espacio donde cualqueira pueda expresar opiniones e interpretaciones de la realidad.

Como todo espacio de expresión (por insignificante que sea), este lugar tiene sus principios rectores, que constituyen su línea editorial. 1° El principio básico es, la publicación de "opiniones informadas", construidas sobre la base de argumentos, datos, o antecedentes; 2° El respeto por los derechos humanos, es decir, no se publicarán ataques personales, comentarios racistas, clasistas, xenófobos, homofóbicos, etc., es decir, ninguno que busque degradar a personas o coletivos; 3° No es un lugar de auto-promoción, ni propaganda; y 4° En último término, me reservo el derecho de publicar lo que estime conveniente, en concordancia con los puntos anteriores.

En síntesis, espero contribuir con un pequeño lugar, una tímida perspectiva, que espero sirva para fomentar la opinión y la reflexión de más de alguien por ahí.

Juan Carlos Santa Cruz G.
Abril - 2008